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Desde que llegó al poder hace cinco meses, el presidente Donald Trump se ha enfocado en aplicar una agresiva política contra la inmigración ilegal.
El gobierno que en principio afirmó que tendría como prioridad a los inmigrantes considerados como criminales, la realidad es que ha sido lo contrario.
En las continuas redadas a nivel nacional, donde detienen y apresan a indocumentados, residentes legales e incluso, hasta a ciudadanos (alegando que interfieren en los arrestos); es evidente que se está haciendo el uso excesivo de la fuerza, motivando así las multitudinarias movilizaciones de protestas contra el gobierno.
Entre las medidas más cuestionadas del presidente Trump en contra de la inmigración, fue su orden ejecutiva de enero pasado negando la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados que nacen en los Estados Unidos. La misma fue bloqueada en varias cortes federales, pero este pasado viernes la Suprema Corte de Justicia falló con una votación de 6 a 3 de los jueces en favor del gobierno, aduciendo que los jueces inferiores no pueden bloquear ordenes ejecutivas a nivel nacional que sean emitidas por el presidente.
Expertos legales creen que la decisión del alto tribunal judicial le permitirá al gobierno implementar la orden ejecutiva para limitar a los inmigrantes indocumentados que sus hijos puedan tener derecho a la ciudadanía estadounidense.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia será quien tendrá la última palabra una vez conozca las demandas contra el gobierno de que, mediante un decreto presidencial, no tiene el poder para decidir quiénes pueden o no ser ciudadanos de los Estados Unidos.
La Enmienda 14ª de la Constitución establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en el país, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en el que residan.
Esta enmienda, adoptada en 1868, también estipula el principio del 'jus soli', o derecho de suelo, que otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, independientemente de la raza, la etnicidad, o el origen nacional de sus padres.
Para impedir o eliminarles la ciudadanía estadounidense a esos niños, el gobierno debe contar con la aprobación de una nueva enmienda constitucional en el Congreso, y para ello se necesitaría, de acuerdo con el artículo 5º de la Constitución, con el apoyo de dos tercios (34) de los votos de la Cámara de Representantes y el Senado y ser ratificadas por tres cuartas partes (38) o más estados.
Además, el Congreso puede elegir referir las enmiendas propuestas a las legislaturas estatales, o a convenciones especiales convocadas en los estados para considerar su ratificación. Pero el presidente actualmente no cuenta con ese apoyo.
Mientras tanto, los inmigrantes indocumentados, cuya fuerza laboral es esencial en el desarrollo económico y son más necesarios cada día en el cultivo agrícola y las pequeñas y medianas empresas de servicios del país, siguen anhelando del gobierno la merecida reforma migratoria que le abra el camino a la ciudadanía.
*El autor es periodista, educador y escritor dominicano, vive en Nueva Jersey.
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