TRENTON - El
Fiscal General John J. Hoffman y la Oficina contra los Fraudes en Seguros
(OIFP) anunciaron hoy que West New York Alcalde Dr. Félix Roque fue acusado de
derivación de pacientes a la compañía de imágenes médicas de diagnóstico de
imagen Afiliados a cambio de sobornos en efectivo y otros sobornos.
Roque, de 59-años
de edad, que opera la práctica médica Pain Relief Centeren de West New York,
fue acusado por un jurado investigador en tres cargos: fraude en segundo grado
de reclamaciones de salud, soborno comercial en segundo grado y tercer grado.
La acusación alega que de 2007 al 2012, Roque participó
en un esquema por el cual se acordó remitir a los pacientes que necesitan de
resonancia magnética y la tomografía computarizada de los centros de
diagnóstico por imágenes médicas controladas por Rehan Zuberi a cambio de
dinero en efectivo y contribuciones de campaña electoral. Zuberi supuestamente entregó sobornos en
efectivo a Roque en forma mensual e hizo varios pagos a Roque en la oficina del
alcalde en el Ayuntamiento de West New York. Zuberi y sus asociados
supuestamente pagaron a Roque aproximadamente $ 250.000.
Zuberi, 46
años, de Boonton, se declaró culpable el mes pasado de los cargos que él llevó
una empresa criminal que pagó varios millones de dólares en sobornos y
comisiones ilegales a decenas de médicos entre 2008 y 2014. El acuerdo de
culpabilidad de Zuberi para recibir una pena de prisión de 10 años en cuatro
años sin elegibilidad de libertad.
"Al
parecer, tomando dólares, aproximadamente un cuarto de millón en sobornos, el
alcalde Roque puso su riqueza personal y su carrera política por delante de las
necesidades de sus pacientes", dijo el Secretario de Justicia Hoffman.
"Como lo demuestra esta acusación de múltiples fases, estamos decididos a
asegurar que la opinión profesional de un médico no está en venta en Nueva
Jersey y que todo el consejo médico se da con los mejores intereses sólo del
paciente en mente."
Los cargos anunciados hoy son meras acusaciones y el
acusado se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. Los delitos en segundo grado se castigan
con una pena de cinco a 10 años de prisión y una multa de hasta $ 150.000,
mientras que los delitos en tercer grado se castigan con una pena de tres a
cinco años de prisión y una multa de hasta $ 15.000.
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