Miles de dominicanos en Panamá corren riesgo de ser deportados

SANTO DOMINGO. Miles de dominicanos que residen y trabajan en Panamá pudieran verse afectados con la suspensión del programa de regularización de extranjeros "Panamá, Crisol de Razas". 
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Crisol de Razas se estrenó en 2010 y su objetivo hasta septiembre de 2014 era legalizar el estatus migratorio de los inmigrantes radicados en Panamá que se encontrasen en situación irregular, cumpliendo con las normas legales establecidas y observando los criterios de seguridad, derechos humanos y las políticas del Gobierno.
Marcos (nombre ficticio) es un dominicano que hace dos años y seis meses, emigró a Panamá donde trabaja de camarero en un restaurante. En República Dominicana, tiene dos niños a quienes envía el sustento mensual como resultado de su labor en esa nación. 

Ahora, su estatus migratorio es de preocupar. Aunque su permanencia en el país istmeño todavía es legal, en siete meses vencerá su visado. 

En una carta enviada a Diario Libre, Marcos de 35 años, explica que los extranjeros que querían regularizar su situación debían pagar al gobierno panameño US$1, 272 por un carnet de estadía y US$500 por un permiso para trabajar. En total US$1, 772 que eran válidos por dos años. Vencido ese plazo, debían contribuir con la misma cantidad para obtener igual beneficio por diez años. 

"Pero qué sucede, ya este gobierno (el de Juan Carlos Varela) no quiere regularizar los extranjeros y los que obtuvimos los dos años cuando se nos venza el carnets de estadía tendremos que salir del país", expresa NP con gran preocupación. 

Y es que con la entrada del gobierno de Juan Carlos Varela, se suspende el programa Crisol de Razas y comienza a cambiar la situación para algunos extranjeros. 

"Cuando entró la nueva administración, dijo que iban a hacer una última feria migratoria, en esa 1, 819 dominicanos se legalizaron, algunos lograron adquirir la de dos años, otros la de diez años", comunicó el cónsul general de República Dominicana en Panamá, Domingo Ramírez.

Además, la situación de la entrada migratoria fue variada para algunos países. En el caso de República Dominicana, un mes después de iniciar su gestión, Varela decretó que todos los ciudadanos dominicanos que desearan ingresar a Panamá tendrían que tener la autorización previa del Ministerio de Seguridad Pública de esa nación. 

La medida está contenida en el decreto 464 del Ministerio de Seguridad Pública y deroga el decreto ejecutivo 167 del 20 de marzo de 2014, que excluía a la República Dominicana y a Haití de los países cuyos ciudadanos necesitaban autorización previa del Ministerio, solo requiriéndose el visado emitido por las autoridades consulares.