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Los dominicanos por años habían esperado que el sistema de justicia tomara acción contra la corrupción pública en la República Dominicana.
Eso efectivamente ha sucedido en los casos más recientes, tales como: Operación Pulpo y Coral en los que están involucrados políticos, militares y religiosos.
Entre ambos casos se estima que más de diez mil millones de pesos, la moneda dominicana ha sido sustraídos de manera irregular de las arcas públicas por los involucrados que utilizaron el dinero para adquirir bienes e inmuebles de lujo.
Lo particular en ambos casos, es que son una herencia de la administración del gobierno que encabezó Danilo Medina Sánchez, quien en todo momento negó la existencia de actos de corrupción en sus administraciones del 2012-2016 y 2016-2020. Aunque en las últimas seis décadas todos los gobiernos dominicanos han sido permeados por la corrupción pública, pero donde no ha existido la aplicación de la ley.
Es más, varios miembros de la familia Medina Sánchez están relacionados a la operación Pulpo, caso de corrupción pública que aun sorprende en la nación dominicana.
Mientras que el segundo caso, operación Coral, la situación se torna más delicada, debido a que involucra a miembros de las Fuerzas Armadas como el Ejército y la Policía Nacional. Ambos casos forman parte de la real falta de control institucional que debe imperar en el territorio de la República Dominicana, donde por lo general no se investiga a nadie.
A pesar de que la justicia ha decidido mantener en prisión preventiva a los principales implicados mientras los casos de alegada corrupción pública se desarrollan en los tribunales de justicia, lo cierto es que el poder judicial para la escogencia de sus jueces depende del poder político (que se aplica a través del Consejo Nacional de la Magistratura, artículos 178 y 179 de la Constitución Dominicana del año 2010) que a fin de cuentas, se puede traducir en la aplicación de sentencias benignas para los inculpados en los casos de corrupción pública antes mencionados.
Sin embargo, los dominicanos que residen en la isla caribeña y fuera de ella, se mantienen en alerta, para que los que se apropian de manera indebida de los dineros públicos puedan permanecer en prisión por un largo tiempo. Es hora de que el dinero público sea respetado.
*El autor es periodista, educador y escritor dominicano, vive en Nueva Jersey.
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