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La impunidad es la cualidad de dejar una culpa o exceso sin el merecido castigo. Mientras que la persecución política se define como la acción de parte de una entidad de controlar a la ciudadanía mediante la fuerza por motivos políticos.
Ambos términos de manera intima están relacionados a la realidad política que gravita en la actualidad en la República Dominicana, donde predomina un acorazado sistema político que pocas veces tiene que enfrentar a la justicia.
El sistema político es tan influyente, que hablar de llevar ante los tribunales de justicia a los políticos identificados de corruptos no era posible.
Desde su regreso a la democracia a partir del 1960, con la muerte del dictador Rafael LeonidasTrujillo, contados han sido los políticos y ex funcionarios públicos que han tenido que acudir a los tribunales de justicia para ser juzgados.
Es más, muchos dominicanos hasta pensaban, que las cárceles no existían para los políticos que son acusados de corrupción, y que una vez realizados los juicios en su contra, eran dejados en libertad por arte de magia.
Sin embargo, la suerte no está del lado de los políticos y ex funcionarios públicos que se han visto involucrados en alegados actos de corrupción en el pasado reciente, precisamente en la administración gubernamental que dirige el actual presidente dominicano, Luis Abinader Corona, quien en todo momento se inclina en tener una justicia independiente y sin intervención del poder ejecutivo.
La Procuraduría General de la República (Fiscal General) en menos de un año ha encauzado a los políticos y empresarios que han cometido actos de corrupción en perjuicio del estado dominicano en lo que denominan Operación Pulpo, Coral y Medusa, esta última, que tiene como principal acusado al ex procurador general Jean Alain Rodríguez, quien en un entramado de corrupción se presume que estafó con más de seis mil millones de pesos al Estado Dominicano.
Al grupo encabezado por Rodríguez se les acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.
Integran la acusación Rafael Antonio Mercedes Marte, Altagracia Guillen Calzado, Javier Alejandro Forteza, Ibarra y Miguel José Moya que ocuparon posiciones de Encargado de Contabilidad de la Procuraduría, Subdirección Administrativa, Director de Tecnología y Asesor de Jean Alain en la Procuraduría General, respectivamente.
Los dominicanos que viven en la isla caribeña y fuera de sus fronteras, se mantienen a la espera de que la impunidad en la administración del gobierno de Abinader Corona tiene sus días contados contra los políticos corruptos.
*El autor es periodista, educador y escritor dominicano, vive en Nueva Jersey.
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