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El país en el que no se impera la justicia, se impone el desorden. Eso es precisamente lo que sucede en la República Dominicana donde los políticos y personas influyentes en los círculos del poder actúan al margen de la ley. Es decir, que los políticos y las personas relacionadas a los sectores de poder utilizan el sistema para su beneficio personal. Esa situacion ha prevalecido por décadas.
El escándalo más reciente de corrupción estatal a gran escala lo constituye el caso Calamar, que involucra a connotados exfuncionarios públicos que sustrajeron sin ningún tipo de control ni rubor unos 20 mil millones de pesos (400 millones de dólares) del erario dominicano.
Según informes de la justicia dominicana a través de la Procuraduría Contra la Corrupción, el dinero era retirado por los exfuncionarios en cantidades de millones de pesos del Banco de Reservas. Eso demuestra que los que gobiernan son los dueños del país, como reza la vieja expresión popular. El dinero fue utilizado para asuntos políticos, de negocios, gastos personales y para ser depositados en las cuentas personales de los involucrados en la corrupta operación.
Lo grave del caso Calamar, es que las operaciones económicas se hicieron bajo la complicidad de la estructura institucional del Estado y en la administración gubernamental del ex gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), un partido que pregonaba a los cuatro vientos la transparencia en los recursos públicos.
Los principales acusados del caso considerado una especie de ‘conspiración contra el Estado Dominicano’ son : Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo, ex ministro de Obras Públicas, Daniel Omar Caamaño, ex Contralor General de la República, Luis Miguel Piccirilo, ex director del Consejo Estatal del Azúcar, Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional, el economista, Ángel Lockhart y los exdirectores de Casino y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, entre otros.
Todos considerados hombres de confianza del ex presidente Danilo Medina Sánchez, están acusados de violar la Constitución de la República Dominicana en su artículo 146, el Código Penal, la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18 que rige los Partidos Políticos, Agrupaciones y Movimientos Políticos en la nación dominicana.
Con el presente escándalo de corrupción en la que se ha iniciado el proceso de recuperar al dinero robado, el pueblo dominicano espera que todos los culpables tengan que enfrentar y ser castigados por la justicia.
El gobierno que encabeza Luis Abinader por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) mantiene la firmeza de enfrentar la corrupción pública que ha hecho su reino y se apoya bajo el manto de la impunidad en el país caribeño. Los dominicanos tienen la esperanza de que los políticos corruptos sean castigados por la justicia, porque un acto más de corrupción pública no debe ser tolerado y menos si proviene del gobierno.
*El autor es periodista, educador y escritor dominicano que reside en Nueva Jersey.
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