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El 1 de Junio del año 2019, un joven político de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, es juramentado como Presidente Constitucional, reemplazando al hoy prófugo Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quien a su vez sucedió a Mauricio Funes, también del FMLN, por negociar con las pandillas, pero previo a estos dos corruptos, el ex presidente Elías Antonio Saca, del Partido Alianza Republicana (ARENA), también condenado por corrupto.
Nayib asumía el poder, consciente de los grandes y complejos retos que tenía por delante, en un país, que para entonces estaba sindicado como uno de los más violentos del mundo, cuya tasa de homicidio alcanzaba 52,11 por cada 100 mil habitantes. Detrás de estas altas tasas de criminalidad había dos “monstruos”, que actuando al amparo del “poder político” tradicional, representado por el FML y ARENA, decidían quienes tenían derecho a vivir y quienes no. Nos referimos a las violentas, y hasta entonces indetenibles pandillas: “Mara Salvatrucha” o MS-13 y “Barrio 18”.
El 20 de Junio del año 2019, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele presenta formalmente su estrategia de seguridad “Plan Control Territorial”, cuyo objetivo era “proteger la vida de los salvadoreños honrados y terminar con los grupos de pandilleros”, tratando con esto de devolverle la paz y la tranquilidad a esta sufrida nación centroamericana.
A propósito del recrudecimiento de la violencia del fin de semana del viernes 25 al domingo 27 del mes de marzo del año 2022, donde murieron 87 personas de forma violenta, el Presidente Bukele solicitó por ante la cámara legislativa un “régimen de excepción”, recurso constitucional que fue aprobado por treinta (30) días en todo el territorio salvadoreño para combatir la ola de homicidios, a través del cual fueron suspendidas cuatro garantías constitucionales: la libertad de asociación, derecho de defensa, el plazo de la detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones.
Este régimen de excepción que ha sido prorrogado en trece ocasiones, ha traído como resultado la detención de más de 67 mil pandilleros, lo que ha provocado el izamiento de voces a lo interno del Salvador y en el extranjero, que, apelando a una supuesta violación de los derechos humanos de los delincuentes, han tildado de tirano, autoritario y dictador al Presidente Nayib Buekele. Sí, esos mismos que jamás abrieron la boca para defender a la gente honrada que fueron masacradas por los pandilleros.
Mientras el pueblo de El Salvador disfruta de una paz nunca antes vista; mientras las madres envían sus hijos a la escuela y no tienen la incertidumbre del pasado, donde no sabían si retornarían a casa con vida; mientras los vendedores ambulantes ya no tienen que pagar extorciones a pandilleros; mientras los corruptos ya no tienen espacio y donde todo el que la hace tiene que pagarla; mientras el pueblo de El Salvador recupera su territorio que le fue arrebatado por más de treinta años; mientras el Centro de Confinamiento del Terrorismo sigue recibiendo a los que se creían por encima del bien y del mal y al mismo tiempo reciben ejemplares condenas por todas las atrocidades cometidas; mientras se levanta la moral de un pueblo que se sabe con derechos a definir su futuro sin la intromisión de ningún poder local o extranjero; mientras los poderes fácticos ya no tienen espacio en El Salvador y no hay ninguna autoridad oscura, sea esta económica, política o militar, diciéndole al Presidente de la República qué hacer; Hay quienes, con intereses muy bien marcados siguen señalando a Bukele como un dictador, pero nada más lejos de la verdad, por eso, desde un rinconcito de la República Dominicana, le pido a Dios que bendiga mil veces al noble pueblo Salvadoreño, a su “DICTADURA” y por supuesto, al “DICTADOR” que la encarna.
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