Con el reglamento, el Gobierno busca hacer efectiva la referida ley, mediante la organización de las competencias de los entes y órganos del Estado; además de crear espacios de coordinación interinstitucional para promover, proteger y asegurar los derechos a favor de las personas con esta condición.
Establece que los entes y órganos administrativos pueden desarrollar programas de apoyo a personas con TEA, en cumplimiento con los objetivos y programas institucionales, así como las empresas públicas y privadas, siempre y cuando las iniciativas de voluntariado no impliquen beneficio económico alguno.
También regula el procedimiento administrativo para la aplicación de las sanciones administrativas, para lo cual se apoya en los principios y reglas contenidas en la Ley 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
Para la elaboración de este reglamento fue realizado un trabajo técnico-jurídico con las instituciones públicas vinculadas al cumplimiento de la Ley 34-23, lo que permitió robustecer la pieza reglamentaria de manera transversal.
A su vez, se efectuó un proceso consultivo con la sociedad civil, con el objetivo de recibir sus sugerencias y/o comentarios.
Este proceso de elaboración del Reglamento de Aplicación de la Ley 34-23 ha sido efectuado en consonancia con las directrices de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Estado dominicano en 2008, en el entendido de que: “las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente”.
Con esta nueva reglamentación se complementa la protección constitucional en favor de las personas vulnerables, como lo son las que tienen la condición del Trastorno del Espectro Autista (TEA).
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