La medida fue celebrada por quienes desde hace tiempo exigían protección explícita relacionada con el trabajo, la vivienda, la educación y los servicios públicos.
“Es una victoria para las generaciones venideras”, dijo en una entrevista Welmo Romero Joseph, un facilitador comunitario de la organización sin fines de lucro Taller Salud.
La organización es una de varias que han estado presionando a favor de la ley, y Romero señaló que envía un fuerte mensaje de que “se puede llegar a posiciones de poder sin tener que cambiar tu identidad”.
Aunque las leyes y la constitución de Puerto Rico protegen contra la discriminación, junto con el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, en 2016 se sentó un precedente cuando un Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos desestimó una demanda por discriminación y dictaminó que la política de un empleador de no usar rastas en Alabama no violaba el Título VII.
A principios de este año, los legisladores del territorio estadounidense celebraron una audiencia pública sobre el tema, en la que varios puertorriqueños compartieron ejemplos de cómo fueron discriminados, incluidas ofertas de trabajo condicionadas a cortes de pelo.
Con una población de 3,2 millones, Puerto Rico tiene más de 1,6 millones de personas que se identifican como de dos o más razas, y casi 230.000 se identifican únicamente como negros, según el censo de los Estados Unidos.
“Lamentablemente, las personas identificadas como negras o afrodescendientes en Puerto Rico aún enfrentan trato despectivo, privación de oportunidades, marginación, exclusión y todo tipo de discriminación”, señala la ley firmada el miércoles.
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