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Mientras era candidato y fue enjuiciado en Nueva York el año pasado por fraude en sus empresas, el actual presidente Donald Trump fue favorecido con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que los mandatarios estadounidenses cuentan con inmunidad.
La decisión del máximo tribunal de justicia en los Estados Unidos basó la decisión luego de que los abogados del entonces ex mandatario reclamaban que Trump como presidente gozaba de inmunidad. Para entonces el hoy mandatario reconoció y elogió al alto tribunal por otorgarle mayores poderes a la figura presidencial.
Sin embargo, desde mucho antes de llegar a la Casa Blanca, Trump continuó con una posición desafiante contra el Poder Judicial cuando sus decisiones, través de las ordenes ejecutivas, continúan siendo bloqueadas para su efectividad.
El enfrentamiento más reciente del gobierno con el Poder Judicial fue con la repatriación de más de 200 inmigrantes, la mayoría venezolanos, que bajo acuerdo fueron enviados a El Salvador en calidad de prisioneros, sin contar con una decisión judicial.
Ante tal situación, el Juez Federal James Boasberg, quien en una audiencia con los abogados del gobierno emitió una orden de no deportación debido a que no cuentan con garantías jurídicas, pero que la Administración Trump se negó a cumplirla al invocar una ley de 1798 contra “Enemigos Extranjeros”, la que fue calificada por el magistrado de “lastimosamente insuficiente”.
Debido a la presente situación la tensión entre el gobierno y el Poder Judicial se ha elevado de tono debido a que las autoridades gubernamentales continúan con la decisión de no seguir las órdenes judiciales.
Es más, el presidente Donald Trump de manera pública ha solicitado la destitución de los jueces que no complacen las acciones que realiza el gobierno en lo que respecta a las ordenes ejecutivas y las deportaciones de extranjeros.
“Los mandatos judiciales nacionales ilegales de jueces de izquierda radical podrían conducir a la destrucción de nuestro país. Esta gente son lunáticos a quienes no les importan en absoluto las repercusiones de sus peligrosas e incorrectas decisiones y fallos. No podemos permitir que jueces radicales y partidistas obstaculicen la justicia”, dijo el presidente estadounidense en su perfil en la red social Truth Social.
El declarado enfrentamiento entre el gobierno de Trump que apoya un juicio político para destituir al juez Boasberg y el Poder Judicial ha provocado la rara intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Robert, quien contestó diciendo: “Durante más de dos siglos, se ha establecido que el juicio político no es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisión judicial. Para ese propósito existe el proceso normal de la revisión mediante una apelación”.
Tradicionalmente desde la fundación de los Estados Unidos, este país se ha basado en el respeto y equilibrio que debe existir entre los poderes Ejecutivo, Congresional y Judicial, donde las diferencias son superadas por ante los tribunales de justicia.
Igual como ha ocurrido en el pasado, se espera que, a pesar de las diferencias, el gobierno debe respetar las decisiones que emanen de los tribunales de justicia. No es posible que un presidente apoye a la justicia cuando lo favorece con sus decisiones y no lo haga cuando falla en su contra.
El enfrentamiento más reciente del gobierno con el Poder Judicial fue con la repatriación de más de 200 inmigrantes, la mayoría venezolanos, que bajo acuerdo fueron enviados a El Salvador en calidad de prisioneros, sin contar con una decisión judicial.
Ante tal situación, el Juez Federal James Boasberg, quien en una audiencia con los abogados del gobierno emitió una orden de no deportación debido a que no cuentan con garantías jurídicas, pero que la Administración Trump se negó a cumplirla al invocar una ley de 1798 contra “Enemigos Extranjeros”, la que fue calificada por el magistrado de “lastimosamente insuficiente”.
Debido a la presente situación la tensión entre el gobierno y el Poder Judicial se ha elevado de tono debido a que las autoridades gubernamentales continúan con la decisión de no seguir las órdenes judiciales.
Es más, el presidente Donald Trump de manera pública ha solicitado la destitución de los jueces que no complacen las acciones que realiza el gobierno en lo que respecta a las ordenes ejecutivas y las deportaciones de extranjeros.
“Los mandatos judiciales nacionales ilegales de jueces de izquierda radical podrían conducir a la destrucción de nuestro país. Esta gente son lunáticos a quienes no les importan en absoluto las repercusiones de sus peligrosas e incorrectas decisiones y fallos. No podemos permitir que jueces radicales y partidistas obstaculicen la justicia”, dijo el presidente estadounidense en su perfil en la red social Truth Social.
El declarado enfrentamiento entre el gobierno de Trump que apoya un juicio político para destituir al juez Boasberg y el Poder Judicial ha provocado la rara intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Robert, quien contestó diciendo: “Durante más de dos siglos, se ha establecido que el juicio político no es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisión judicial. Para ese propósito existe el proceso normal de la revisión mediante una apelación”.
Tradicionalmente desde la fundación de los Estados Unidos, este país se ha basado en el respeto y equilibrio que debe existir entre los poderes Ejecutivo, Congresional y Judicial, donde las diferencias son superadas por ante los tribunales de justicia.
Igual como ha ocurrido en el pasado, se espera que, a pesar de las diferencias, el gobierno debe respetar las decisiones que emanen de los tribunales de justicia. No es posible que un presidente apoye a la justicia cuando lo favorece con sus decisiones y no lo haga cuando falla en su contra.
*El autor es periodista, educador y escritor dominicano, vive en Nueva Jersey.
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