El balance de los poderes en Estados Unidos

ROLANDO HERNANDEZ                     Bajo Escrutinio
rhernandez5@hotmail.com
La Constitución Norteamericana es clara y precisa en relación con las funciones que deben realizar cada uno de los poderes que conforman el Estado: el Poder Ejecutivo, el Legislativo (Congreso y Cámara) y el Poder Judicial. En la práctica históricamente ninguno se extralimita a las normas que establecen sus funciones.
Es el caso del Legislativo, que su función principal es crear las leyes, aprobar el presupuesto de la nación, e incluso, tomar acciones relacionadas con el régimen de impuestos. Aunque cabe destacar que son las legislaturas estatales (senadores y asambleístas) los que se involucran de manera directa en el régimen impositivo de cada estado, debido a que la nación norteamericana está regida por el federalismo en la que cada Estado es independiente.
Entre las funciones del Poder Ejecutivo figuran, ejecutar y hacer cumplir las leyes federales, dirigir la política exterior, comandar las fuerzas armadas y nombrar los altos funcionarios públicos, algunos de los cuales deben ser ratificados por el Senado.
La realidad es que el Poder Ejecutivo, que ahora encabeza el presidente Donald Trump, desde que asumió el cargo el pasado 20 de enero, ha estado excediendo sus funciones mediante acciones como la emisión de órdenes ejecutivas (decretos) en violación de leyes, apresando y deportando personas sin permitirles ser escuchados por los jueces, y no acatar órdenes judiciales.
Sin embargo, ante esas ilegales acciones, el Poder Ejecutivo ha tenido que enfrentarse en una batalla campar ante decisiones emanadas del Poder Judicial, el cual ha solicitado al gobierno apegarse al respecto de las leyes.
La situación ha escalado a tal punto, que el gobierno de Trump se prevé que será acusado de desacato a las leyes debido a su continuo desafío e incumplimiento de las órdenes judiciales federales, especialmente por el caso del salvadoreño Kilmar Armando Abrego García (un inmigrante legal padre de tres hijos y casado con una ciudadana norteamericana), que fue deportado por error y que el presidente Trump se niega en retornar a los Estados Unidos, a pesar de un fallo en su favor que emitió la Suprema Corte de Justicia. Es un caso que los legalistas definen como desacato penal.
El desacato, llevado a cabo por el Juez Federal James Boasberg, en caso de ser declarados culpables todos los funcionarios involucrados (incluido los abogados), podrían perder sus licencias, ser condenados a prisión y al pago de elevadas multas.
Históricamente ha existido un balance entre los poderes públicos en los Estados Unidos, especialmente en la medida que cada uno se limita al alcance de sus deberes y el respeto mutuo. Si sucediera lo contrario, otros de los poderes intervendrían para mantener el orden y equilibrio entre ellos.
En esta ocasión, el Poder Judicial ha intervenido como una forma de reestablecer el orden a lo interno del Poder Ejecutivo que continúa actuando en aparente violación de las leyes.

*El autor es periodista, educador y escritor dominicano, vive en Nueva Jersey.