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Las redadas contra la inmigración ilegal continúan a nivel nacional por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), centrándose en este momento en establecimientos comerciales pequeños, medianos y grandes.
Los operativos también se han focalizados en las zonas de producción agrícola (granjeros) quienes han sido perjudicados debido a la detención de su fuerza laboral. Productores de fresas, tomates y verduras han denunciado tener millonarias pérdidas en California debido a los continuos apresamientos de trabajadores agrícolas, en su mayoría de origen hispano.
A estos se suman decenas de trabajadores de la construcción en La Florida que ya han sido detenidos y deportados. Sin lugar a dudas que las detenciones tienen un alto perfil racial, debido a que la mayoría de los detenidos son de ascendencia hispana.
Lo delicado de la situación es que residentes legales y ciudadanos norteamericanos también han sido arrestados en las redadas realizadas migratorias.
La declarada y planificada política anti-inmigratoria es evidente en lo relacionado a las medidas que aplica el gobierno, tales como la eliminación el Programa de Protección Temporal (TPS) para los hondureños y salvadoreños. A venezolanos y haitianos, el gobierno también les ha revocado la protección de permanecer en suelo norteamericano que les concedió la administración del expresidente Joe Biden.
La persecución contra la inmigración ilegal se extiende hasta las cortes de inmigración donde los que acuden a sus citas regulares para su ajuste de estatus migratorio, muchas veces son apresados y deportados, aun demostrando que están en proceso de ser admitidos legalmente en el país.
A esto se suma el Registro de Inmigrantes Ilegales que fue creado por el gobierno, y si las personas no se registran, están en riesgo de ser apresadas, pagar elevadas multas e inclusive, ir a prisión.
Además, el gobierno en su represión contra los inmigrantes no regularizados ha iniciado un proceso de revisión de los contratos de alquilares con la finalidad de detectar a las personas que no están legalmente en el país, lo que implicaría acciones para su posible expulsión de los Estados Unidos. Esa acción es considerada por muchos como ilegal, debido a que las leyes protegen la privacidad de los inquilinos, según Unión de Libertades Civiles conocida en inglés como la (ACLU).
Aunque la presencia de inmigrantes ilegales se puede manifestar en otras comunidades de inmigrantes, el gobierno se ha enfocado en la comunidad hispana en particular en las ciudades santuarios, en las que estos inmigrantes eran protegidos de la deportación.
Mas lamentable aun, muchos inmigrantes ilegales no están siendo enviados a los países de los que provienen, sino a terceros como en África y El Salvador, en una acción considerada violatoria a sus derechos, ya que atenta contra su integridad física.
Aunque la administración Trump afirmó que priorizaría el apresamiento de los criminales, lo cierto es, que están apresando a los inmigrantes sin estatus legal en cualquier situación, especialmente los de origen hispano que por décadas han residido y trabajado en la agricultura y construcción, y considerados esenciales para la economía de los Estados Unidos.
Las más recientes encuestas realizadas por las firmas Gallup y la Universidad de Quinnipiac (Connecticut) explican que los votantes en más de un 55 por ciento no apoyan la política de inmigración aplicada por la presente administración.
A la presente situación se suma la decisión de la jueza federal Maame Ewusi Mensah Frimpong que ordenó a la agencia ICE detener los apresamientos de inmigrantes en siete condados en el sur de California, incluido los Ángeles, por considerarlos violatorios a las leyes. A partir de la decisión judicial, ICE tendrá que demostrar y tener una causa probable para apresar a las personas y no simplemente basarse en la raza, color de piel u origen étnico.
Una vez más el gobierno de Donald Trump ha sido detenido en sus acciones ilegales contra libertades públicas y los derechos humanos de los inmigrantes sin estatus legal. Muchos esperan que esta decisión judicial también se extienda a nivel nacional, porque los inmigrantes aun siendo indocumentados, son protegidos bajo la ley.
*El autor es periodista, educador y escritor dominicano, vive en Nueva Jersey.
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