Gobierno y la Ley de Insurrección

ROLANDO HERNANDEZ                      Bajo escrutinio
rhernandez5@hotmail.com
Desde que llegó a la Casa Blanca en enero pasado, el presidente Donald Trump se ha convertido en un verdadero reto para el sistema institucional en el que están fundamentados los Estados Unidos.
Trump ha utilizado y llevado a la práctica los poderes que puede invocar como mandatario y ese poder lo consolidó cuando la Suprema Corte de Justicia, en una votación de 6 a favor y 4 en contra, de que el presidente goza de inmunidad para las decisiones presidenciales.
Es el caso de las decenas de Ordenes Ejecutivas que ha firmado desde su retorno al poder, que abarcan desde la economía, salud, inmigración, educación y ciudadanía, muchas de las que han sido bloqueadas por los jueces federales por ser violatorias a la Constitución de los Estados Unidos.
Una de las Ordenes Ejecutivas más controversiales, es la que establece la federalización de la guardia nacional, es decir, el envió de tropas a algunos estados para controlar la violencia, cuando en la realidad de los hechos, esos estados cuentan con su propia guardia nacional y los departamentos de policías locales responsables de mantener el orden público.
Además, el presidente debe autorizar la guardia nacional cuando le es solicitada por los gobernadores estatales, y eso hasta el momento, no ha sucedido en estados como California, Oregón e Illinois, donde han llegado miembros del ejército autorizado por Trump en franca violación a las leyes.
El presidente ha tomado esa decisión amparada en la Ley de Insurrección de 1807, que faculta al presidente al envío de tropas federales y a movilizar la guardia nacional de los estados bajo condición de insurrección y seguridad de los ciudadanos. La insurrección que en la práctica no existe ha sido la perfecta excusa del gobierno para movilizar a los militares.
Esta ley implementa la facultad del Congreso concedida por la Constitución de “estipular el llamamiento de la milicia para ejecutar las leyes de la Unión, reprimir insurrecciones y repeler invasiones”. Es la principal excepción de la Ley Posse Comitatus, (Insurrección) que, en términos generales, prohíbe a las fuerzas militares participar en actividades civiles de orden público.
La “Ley de Insurrección de 1807”, en realidad es una combinación de varias leyes promulgadas por el Congreso entre 1792 y 1871. Hoy en día, estas disposiciones están recogidas en las Secciones 251 a 255 del Título 10 del Código de los Estados Unidos, según Nunn. Se invocó por última vez en 1992.
Debido a la falta de negociación entre la Casa Blanca y los demócratas para llegar a un acuerdo sobre la Ley de Presupuesto, el gobierno federal sigue cerrado y no podrá ser abierto por una orden ejecutiva, sino mediante la aprobación de una ley del Congreso. Mientras tanto, cientos de empleados federales y militares no recibirán sus pagos y otros servicios fruto de la situación.
A pesar de que varios jueces federales han emitido órdenes judiciales en las que prohíben al gobierno desplegar tropas federales en los estados California e Illinois, el gobierno lo continúa haciendo. Lo que se espera es que la demanda sea presentada por el propio gobierno ante la Suprema Corte de Justicia de que puede ordenar el desplazamiento de los militares.

*El autor es periodista, educador y escritor dominicano, vive en Nueva Jersey.