Sin papeles ni casa, el muro invisible que enfrentan los latinos en Nueva Jersey

SYLVIA JAUREGUI

@Jauregi@sylvia

Paterson – New Jersey. - Hay un muro más peligroso que el que se debate en Washington. No está hecho de concreto y acero, pero es igual de frío y excluyente. Es invisible, pero se levanta todos los días frente a miles de familias latinas en New Jersey: se llama estatus migratorio. Y en su sombra, el derecho a una vivienda digna se vuelve una promesa rota.
María y Rafael viven en un sótano adaptado en Passaic. Pagan $1,300 al mes por un espacio sin ventanas, con humedad permanente y una puerta que apenas cierra. No tienen contrato escrito. No reclaman. No pueden. Son indocumentados, y cualquier intento de defender sus derechos podría poner en riesgo su permanencia en el país. Su historia no es la excepción. Es el reflejo de una estructura sistemática de exclusión.
Vivienda y brechas para los latinos en NJ
La propiedad de vivienda entre latinos en New Jersey es solo del 40.1 %, frente al 77 % entre familias blancas y no hispanas. En condados como Essex, apenas el 34 % de las familias latinas son propietarias, según el New Jersey Institute for Social Justice. Este rezago no es una simple estadística: es una herida abierta.

Más de la mitad de los arrendatarios en NJ en su mayoría latinos destinan más del 30 % de sus ingresos al pago de la renta, una situación clasificada como “cost-burdened” por NJ Spotlight News. Y según el BuildersPatch Housing Report, por cada 100 hogares de bajos ingresos, existen solo 44 unidades asequibles disponibles.
Mientras tanto, la renta mediana ha subido un 37 % desde 2010, superando el crecimiento de los ingresos, que solo aumentaron un 33 % en el mismo período. La ecuación es simple y cruel: la vivienda se encarece más rápido que la vida que tratamos de sostener dentro de ella.
Estatus migratorio: una trampa legal e invisible
Las personas indocumentadas o con TPS, DACA o visas temporales enfrentan enormes obstáculos para acceder a crédito hipotecario. Los bancos exigen número de seguro social, historial crediticio y estatus legal permanente. Algunas instituciones ofrecen créditos con ITIN, pero a tasas más altas, pagos iniciales mayores y sin garantías claras.
Esto excluye a miles de familias latinas del sueño de la casa propia y las empuja al mercado del alquiler, donde los abusos son más frecuentes y el margen de defensa es menor.

Además, estas personas no califican para subsidios federales como Sección 8, HUD ni programas estatales de asistencia para evitar desalojos. La exclusión de estos programas perpetúa la precariedad: obliga a las familias a alquilar en condiciones inseguras, sin contratos, en efectivo y bajo amenaza constante de ser desplazadas.
Y aunque la ley en NJ protege a todo inquilino, la realidad es otra: el miedo a la deportación silencia denuncias. La vivienda, en vez de ser refugio, se convierte en una cárcel sin barrotes.
Listas de espera: largas, lentas e injustas
Los datos más recientes sobre los programas de vivienda pública en Paterson, una ciudad con alto porcentaje de población latina confirma la gravedad del problema.
En la lista de espera de Vivienda Pública, de 1,488 solicitantes sólo 101 fueron seleccionados (6.8 %). En el programa de vouchers de vivienda (Sección 8), de 782 personas solo 202 accedieron (25.8 %). Y en el Proyecto PBV Riverside Terrace, se registraron 1,753 solicitudes, de las cuales solo 100 fueron seleccionadas (5.7 %).
En todos los programas, más del 70 % de los hogares están encabezados por mujeres, muchas de ellas latinas, solas, sin papeles, criando a sus hijos entre mudanzas forzadas y alquileres abusivos.
Los números hablan, pero detrás de cada porcentaje hay una madre que hace cuentas en la madrugada, un niño que cambia de escuela por enésima vez, un abuelo que firma sin entender un contrato que no lo protege.
La herida moral
El documento “Employment and Housing as the Fundamental Architecture of Human Dignity”, firmado por el Reverendo Bolívar Flores, lo expresa con claridad teológica y política: sin vivienda, no hay dignidad.

Cuando el acceso a un techo depende de tu número de seguro social y no de tu necesidad humana, el sistema falla. Y cuando esa exclusión recae sistemáticamente sobre latinos, madres solteras e indocumentados, estamos ante una injusticia estructural que no puede seguir ignorándose.
El modelo DAI (Dignidad, Acción e Integración) que propone el reverendo es un llamado urgente: dignidad que reconoce el derecho humano a un hogar; acción institucional para derribar barreras legales y raciales; e integración social que devuelva a estas familias su lugar en la comunidad.
Caminos por recorrer
La vivienda digna no puede seguir siendo un privilegio de quienes tienen papeles. Es hora de legislar hipotecas accesibles para quienes pagan impuestos con ITIN, ampliar subsidios a familias migrantes, proteger legalmente a arrendatarios sin importar su estatus, y garantizar que las listas de espera sean verdaderamente equitativas.
Este no es solo un asunto técnico. Es un examen moral. Define qué tipo de país queremos ser y qué valor le damos a la vida de quienes ponen su fuerza de trabajo, su fe y sus hijos en esta tierra.
Porque al final del día, la dignidad no se documenta, se reconoce. Y toda familia documentada o no merece un lugar donde echar raíces, criar a sus hijos y vivir sin miedo.

* La autora estudio Comunicación Política e Institucional en UCA Comunicación Política, y es presidenta de la National Association of Hispanic Journalists (NAHJ), Capítulo New Jersey.