Nueva York anuncia Nuevas Leyes para limitar las operaciones del ICE

NUEVA YORK.- La gobernadora de Nueva York anuncio nuevas leyes que permitirán a las fuerzas del orden locales centrarse en mantener la seguridad de sus comunidades en lugar de hacer el trabajo de ICE, proteger lugares sensibles de la aplicación de la ley de inmigración civil y responsabilizar a los agentes federales por violar la Constitución.
“Hoy me reuní con neoyorquinos afectados por las acciones crueles y peligrosas de ICE. Este abuso de poder es inaceptable y jamás se tolerará en este estado”, dijo la gobernadora Kathy Hochul. “Con nuevas medidas de control para ICE, hemos establecido un plan para proteger a nuestros vecinos, nuestras comunidades y los derechos constitucionales de todos los neoyorquinos”.
La gobernadora Hochul se reunió hoy con defensores de los inmigrantes, líderes religiosos, educadores y neoyorquinos afectados por la aplicación agresiva de la ley federal de inmigración para destacar las nuevas protecciones incluidas en su presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2027.
Las medidas incluidas en el presupuesto aprobado se basan en las propuestas presentadas previamente por la gobernadora para proteger a los neoyorquinos ante una escalada sin precedentes en la aplicación agresiva de la ley federal de inmigración.
Ley “Policías Locales, Delitos Locales”
Prohíbe a los gobiernos locales, la policía estatal y local, y los servicios penitenciarios estatales y locales celebrar acuerdos 287(g) o acuerdos similares con el gobierno federal que permitan el uso de personal e instalaciones policiales estatales y locales para fines de aplicación de la ley de inmigración civil. Los gobiernos locales también tendrían prohibido pagar o contribuir de cualquier otra forma a los costos relacionados con la construcción, propiedad u operación de un centro de detención de inmigrantes. Asimismo, tendrían prohibido modificar la zonificación para permitir la construcción o el uso de edificios como centros de detención de inmigrantes sin la participación pública.
Prohíbe el uso de mascarillas a las fuerzas del orden
Prohíbe a los agentes estatales, locales y federales usar cubrebocas al interactuar con el público. Esto excluye el equipo táctico necesario, las gafas de sol y las mascarillas médicas de la definición de cubrebocas. La violación intencional de esta ley constituiría una infracción, y las violaciones intencionales posteriores serían un delito menor.
Responsabiliza a las fuerzas del orden federales por violaciones constitucionales
Actualmente, los neoyorquinos pueden demandar a funcionarios estatales y locales por la violación de sus derechos constitucionales bajo la ley federal de derechos civiles, pero las acciones contra funcionarios federales son mucho más limitadas bajo la ley federal. Esta ley establecería una ley estatal bajo la cual los neoyorquinos podrían presentar una demanda contra funcionarios federales, estatales y locales por la violación de sus derechos constitucionales.
Salvaguardas en las interacciones con empleados públicos
Prohíbe el uso de agencias civiles estatales y locales, así como de recursos de escuelas públicas, incluyendo el tiempo de sus empleados, para actividades de control migratorio civil. Esto incluye la prohibición de interrogar o investigar a personas únicamente con fines migratorios civiles, a menos que lo exija una orden judicial federal o la ley. También prohíbe a los funcionarios divulgar información personal a las autoridades de inmigración, concederles acceso a áreas restringidas de instalaciones públicas o utilizar a agentes de inmigración como intérpretes. Asimismo, prohíbe la liberación o el traslado de un estudiante a custodia migratoria, incluso si uno de sus padres ha sido detenido, a menos que lo ordene específicamente una orden judicial.
Impide el acceso de las autoridades de inmigración a lugares sensibles
Prohíbe a todos los empleados civiles estatales, locales y escolares (incluidas las instituciones de educación superior y primaria/secundaria) permitir el acceso a cualquier área no pública de una instalación estatal o administrada por el estado a las autoridades de inmigración sin una orden judicial. Esto significa que ninguna instalación estatal o municipal, incluidas las residencias estudiantiles, parques, guarderías, preescolares, hospitales, escuelas, residencias universitarias, centros de salud, centros comunitarios y albergues, puede otorgar ni facilitar el acceso a ninguna área no pública de sus instalaciones a las autoridades de inmigración sin una orden judicial. También protege contra la intimidación e interferencia electoral en los centros de votación al negar el acceso de las autoridades de inmigración a dichos lugares sin una orden judicial, y faculta a las instalaciones privadas o administradas por el sector privado, incluidos hospitales, guarderías, escuelas, residencias estudiantiles y lugares de culto, para hacer lo mismo.
Protege el derecho de todo estudiante a la educación pública gratuita
Garantiza que los estudiantes inmigrantes puedan acceder a la educación, codificando el derecho a una educación pública gratuita independientemente de su estatus migratorio. Prohíbe diversas prácticas, en particular las relacionadas con la recopilación y divulgación de datos sobre el estatus migratorio, que podrían coartar el ejercicio de ese derecho por parte de los estudiantes indocumentados.