Un juez frena intento del gobierno de desmantelar programas sociales en Nueva York

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, dijo esta noche que la ciudad ganó la demanda con la que frenó el intento ilegal de la administración federal de desmantelar programas esenciales de salud, educación y servicios sociales para familias de bajos ingresos.
“Desde las pruebas de detección de cáncer y los bancos de alimentos hasta la educación infantil temprana, los intentos del gobierno federal de arrasar con la red de seguridad social habrían sido catastróficos para las familias trabajadoras", declaró la fiscal James. "Nos opusimos firmemente y hoy un tribunal federal dictaminó que esta política de privación, cruel e injusta, es ilegal y no puede mantenerse".
La funcionaria expresó su orgullo de luchar por las familias trabajadoras y que seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para garantizar que los neoyorquinos cuenten con el apoyo que necesitan.
En julio de 2025, el gobierno federal anunció una nueva política que reclasificaba amplios sectores de programas financiados con fondos federales como “beneficios públicos federales” restringidos, sujetos ahora a verificación migratoria en virtud de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral (PRWORA).
La nueva política implicaba que programas críticos de la red de seguridad social tendrían que verificar el estatus migratorio de cada persona a la que atendían y rechazar a cualquier individuo que no pudiera acreditar dicho estatus. Se habría prohibido a los proveedores ayudar no solo a inmigrantes indocumentados, sino también a algunas personas con estatus legal, incluidos titulares de visas de estudiante, trabajadores temporales y visitantes de intercambio.
Además, los fiscales generales advirtieron en su demanda que incluso a ciudadanos estadounidenses y residentes legales se les podrían negar los servicios, dado que muchas personas de bajos ingresos o que huyen de situaciones peligrosas carecen de documentos de identificación emitidos por el gobierno.
La Fiscal General James lideró a otros 20 fiscales generales en una demanda para impugnar la política y logró obtener una medida cautelar preliminar en septiembre de 2025. Este lunes, un tribunal federal falló a favor de la moción de sentencia sumaria presentada por la Fiscal General James y la coalición, anulando las normas de gran alcance de la administración que amenazaban programas como Head Start, las clínicas de planificación familiar del Título X, los bancos de alimentos, los refugios para víctimas de violencia doméstica, la educación para adultos y los centros de salud comunitarios.