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La corte quedó dividida con cuatro jueces a favor y cuatro en contra. El fallo es considerado una derrota para los indocumentados, pues impide al actual gobierno implementar estas medidas.
El también llamado "alivio migratorio" se compone por una serie de disposiciones que ponen un alto temporal a las deportaciones de personas sin documentos, a través de las extensiones de los programas DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés) y DAPA (Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres, por sus siglas en inglés).
En abril, la Corte había recibido a representantes del gobierno federal y de los 26 estados que rebatieron las medidas desde el inicio, argumentando que el presidente no tenía facultades constitucionales para dictar tales disposiciones y que éstas debían venir del poder legislativo.
Otra de las razones esgrimidas por los demandantes era el presunto costo económico de la protección temporal, ya que implicaría un desembolso económico por la emisión de documentos que, en su opinión, no podían sufragar los estados.
Anunciadas en 2014, las medidas ejecutivas fueron bloqueadas por tribunales inferiores después de que Texas y otros 25 estados entablaran una demanda, argumentando que el presidente no tenía poder para ordenar esos cambios.
La muerte del juez Antonin Scalia dejó a la Corte Suprema dividida en este asunto. Con el fallo de este jueves, prevalecen los fallos de los tribunales inferiores contra el plan de Obama.
Según la propuesta del mandatario, los adultos que entraron ilegalmente al país podría permanecer si cumplían con ciertos requisitos de residencia y tuvieran hijos que fueran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. También extendería otro programa, ahora en efecto, que permite a los jóvenes quedarse en el país si fueron traídos antes que cumplieran 16 años.
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