Bajo Escrutiono
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Desde el retorno a la democracia hace unas seis décadas, los delitos electorales han estado presentes en los procesos de elecciones celebrados en la República Dominicana. Tanto las elecciones presidenciales y congresuales han sido permeadas por los delitos electorales. Los más beneficiados de esos delitos han sido los partidos que en su momento ostentan el poder, pero esto no excluye a los partidos políticos en la oposición.
Los delitos electorales calificados como la sombra detrás del poder, en realidad han contribuido a elegir y mantener presidentes. Los delitos electorales han sido tan evidentes que el día de las elecciones los cometen personas que nunca son detenidas para enfrentar la justicia.
A pesar de que todos los partidos políticos tienen conocimiento de la situación, los delitos electorales siguen afectando el sistema democrático de la nación dominicana. Sin embargo, la realidad es que la Ley Electoral 15-19 crea la Procuraduría Especializada para investigar y perseguir los crímenes electorales.
El funcionario actual encargado de perseguir los delitos electorales es el Procurador General de Corte, Iván Vladimir Félix Vargas, que en coordinación con el Ministerio Público han capacitado 125 fiscales y 79 abogados para ir detrás de las personas acusadas de cometer esos delitos, que incluyen: violación del derecho y compra de votos, amenazas para influir en el derecho al sufragio de funcionarios y empleados públicos y privados. Además, se encargan de perseguir los crímenes electorales que van desde la falsedad, soborno, amenaza, falsificación y fraude.
El Código Penal Dominicano establece que ambas infracciones que tienen como finalidad impedir el derecho de los votantes, serán castigadas con penas de seis meses a dos años de prisión, en especial los crímenes electorales, los cuales prescriben a los años de ser cometidos, de acuerdo con el artículo 45. Mientras que los delitos electorales en vez de reclusión se castigan con prisión correccional.
Otras infracciones administrativas que dificulten el derecho al sufragio serán aplicadas por la Junta Central Electoral (JCE) que incluirán sanciones económicas sobre la base del salario mínimo. También los delitos electorales son graves violaciones a la Constitución de la República.
Aunque no existe ningún tipo de condena sobre los delitos y crímenes electorales desde el 1960, época en la que fue recuperada la democracia dominicana, ya es hora de que el sistema de justicia con el apoyo de los partidos políticos y la ciudadanía, actúen con manos de hierro contra los sectores que amparados en los delitos y crimines electorales corroen el derecho al sufragio de los dominicanos.
*El autor es periodista, educador y escritor dominicano radicado en Nueva Jersey.
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