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En las llamadas naciones industrializas, los presidentes no tienen la facultad de otorgar pensiones a ninguno de sus ciudadanos. Las pensiones están normalizadas bajo procedimientos institucionales regidas por las leyes.
Estados Unidos es un ejemplo de ello, los presidentes no tienen la atribución de pensionar a las personas. Los trabajadores se pensionan una vez cumplen con los requisitos que establece la ley, como haber cumplido diez años de trabajo para ser beneficiado del seguro social y tener una entre los 62 y 67 años para ser elegibles al retiro. Las pensiones están bajo el dominio de cada uno de los Estados y son reglamentadas por la ley.
En la República Dominicana es todo lo contrario, los presidentes siguen teniendo el discrecional poder de pensionar a las personas a pesar de la existencia de una ley de seguridad social que también establece un procedimiento para las pensiones.
No solo la actual administración gubernamental que preside Luis Rafael Abinader Corona, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sino la que presidieron los expresidentes Hipólito Mejía (2000-2004), Leonel Fernández (2004-2008) y Danilo Medina (2012-2020).
Abinader Corona, que fue reelecto presidente en las elecciones de mayo pasado, en lo que lleva de administración ha otorgado pensiones por valor de unos 200 millones de pesos (más de 3 millones de dólares).
Muchas personalidades reconocidas y no reconocidas han sido pensionadas por el presidente actual y esos exmandatarios. Los montos de las pensiones oscilan entre 40 mil y 200 mil pesos mensuales (700 y 3 mil 508 dólares).
Esas cantidades son escandalosas e inaceptables en la sociedad dominicana, donde el salario básico oscila de 300 a 600 dólares mensuales.
La gran interrogante de muchos dominicanos es por qué esos mandatarios pensionan a tantas personas cuando se supone que debe ser por la Ley 87-01, que establece la seguridad social en la República Dominicana.
En un régimen de igualdad y de respeto a la ley, lo correcto sería que las personas que aspiran a ser pensionadas apliquen una vez consideren cumplen con los requisitos para ello.
A pesar del avance institucional que se ha logrado en los últimos años, los dominicanos esperan que el presidente actual y los que vendrán en el futuro no continúen con el poder de mediante decretos (ordenes ejecutivas) de autorizar y cargar a los dineros públicos las llamadas pensiones presidenciales en, a propósito de una reforma constitucional.
*El autor es periodista, educador y escritor dominicano radicado en Nueva Jersey.
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