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Los aranceles del presidente Donald Trump ya son un hecho, el pasado miércoles 2 de abril se convirtieron en una realidad, con la aplicación de nuevos impuestos a más de cien países del mundo.
Los aranceles abarcan desde un mínimo de 10 a un máximo 40 por ciento para bienes y servicios. Esto implica que rentar una habitación de hotel o comprar un vehículo (nuevo o usado), costará mucho más dinero.
En la guerra arancelaria, momentáneamente Canadá y México han sido excluidos y mantienen su relación con Estados Unidos, acatando el Tratado de Libre Comercio de Las Américas.
Lo cierto es, que todos los productos provenientes de regiones como Europa, Asia, China, Latinoamérica y El Caribe tendrán que pagar los aranceles para poderse comercializar en Estados Unidos.
Como es natural, se cree que cada una de las naciones impondrá aranceles a igual escala a los productos norteamericanos que serán comercializados en sus territorios. Es más, ya es visible que en muchas tiendas estadounidense se refleja un ligero incremento de los precios en productos alimenticios, calzados y vestimentas.
La proyección en los próximos meses, de acuerdo con los analistas y expertos en economía, es que se reduzca el ritmo de consumo de bienes y servicios de los estadounidenses, lo que provocará efectos demoledores en los sectores comerciales y empresariales e influirá en el incremento del desempleo, a pesar de que se mantiene controlado actualmente.
La razón planteada por la administración Trump para aplicar los nuevos aranceles de manera unilateral, ha sido el elevado déficit comercial que mantiene a Estados Unidos vulnerable frente a los convenios y tratados comerciales internacionales.
Sin embargo, Canadá y México no fueron incluidos para la aplicación de los nuevos aranceles debido a una resolución del Senado que fue aprobada el miércoles por votación de 51 contra 48, lo que impidió la entrada en vigor de esos impuestos. A esas naciones la administración Trump le había impuesto un arancel de 10 por ciento al acero que comercializan en los Estados Unidos.
Aunque el presidente Donald Trump continúa contando con el apoyo de los legisladores republicanos en la nueva política de imponer aranceles, la realidad es que, de no mantenerse la estabilidad económica en el territorio norteamericano, los congresistas republicanos del Senado y la Cámara de Representantes tendrán que contar con los demócratas para establecer y mantener la estabilidad económica el país.
Al respecto, los senadores, el republicano Chuck Grassley y la demócrata María Cantwell, han propuesto la “Ley de Revisión Comercial de 2025”, que está diseñada para restaurar la supervisión del Congreso sobre nuevos aranceles, requiriendo que el presidente Trump obtenga aprobación del organismo para cualquier nuevo gravamen comercial, dentro de los 60 días posteriores a su anuncio y que a la vez impediría que los presidentes puedan imponer aranceles de manera unilateral.
Esto significa que los legisladores republicanos (con mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes) en caso de que lo dispongan pueden con su poder revocar la política de imponer aranceles al presidente. Las condiciones políticas están dadas para que las decisiones personales en materia económica del mandatario sean detenidas por el Congreso.
*El autor es periodista, educador y escritor dominicano, vive en Nueva Jersey.
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